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 Recuento de las omisiones y negligencia de la Secretaría de la Reforma Agraria y las compra-ventas del territorio tradicional de Mogótavo

En enero de 1982 la comunidad indígena de hecho denominada Mogótavo solicitó reconocimiento de sus derechos sobre su territorio tradicional ante la Secretaría de la Reforma Agraria.

En atención a dicha solicitud la SRA, a través de su delegación estatal en el Estado de Chihuahua, comisionó a un investigador, ingeniero Felipe Juárez Contreras, a verificar la existencia de la Comunidad de Mesa de la Barranca-Mogótavo. En su informe del 15 de junio de 1982, este comisionado negó la existencia del poblado, no obstante que a solo 150 metros del Hotel Divisadero-Barranca de Ivonne Sandoval se encontraba la escuela de la comunidad indígena.

Al recibir las autoridades agrarias de la Ciudad de México el expediente agrario número 2294, iniciado por la comunidad Mesa de la Barranca-Mogótavo, determinaron que era inusual que una comunidad indígena que supuestamente no existe hubiera solicitado dotación de tierras. Por tal motivo, ordenaron a la Delegación Estatal que comisionara a un nuevo investigador, comisionándose entonces al topógrafo Lorenzo S. Dozal Rascón para indagar sobre la existencia del poblado solicitante de tierras. Este nuevo comisionado visitó la comunidad de Mogótavo y verificó su existencia levantando el censo de 27 indígenas con capacidad agraria individual, entre ellos el gobernador indígena José Nazareno Ramírez Rascón, y certificó la capacidad agraria colectiva del grupo solicitante, es decir que eran indígenas rarámuri que vivían en varias rancherías tradicionales dispersas en dichos terrenos, remitiendo a la superioridad las constancias respectivas con su informe reglamentario de fecha 13 de julio de 1987. Por su parte, el presidente seccional de San Rafael, el 25 de mayo de 1987, expidió la constancia respectiva de existencia del poblado indígena.

Ante la contradicción de los informes, el Cuerpo Consultivo Agrario, autoridad de segunda instancia en el procedimiento agrario, dependiente de la SRA, ordenó que se realizaran trabajos técnicos informativos complementarios para determinar la verdad y se comisionó mediante oficio número 04827 del 10 de junio de 1988 a un tercer técnico, el topógrafo Ramón Montes Rodríguez. Todos estos hechos constan en el expediente agrario referido con anterioridad.

En la tercera evaluación de campo, el técnico verificó que ciertamente viven varias familias indígenas en esos terrenos, pero no en un "pueblo”, es decir, al entender del tercer comisionado, una comunidad donde viva gente asentada en casas compactas, con calles, formando un centro poblacional. Y calificó que es un hecho que en este predio viven indígenas tarahumaras que ocupan y poseen la mayor parte de los terrenos, y que una medida conciliatoria sería entregar en dotación de tierras a los solicitantes la superficie ocupada por los indígenas y respetar las instalaciones del Hotel (Divisadero-Barranca), que era lo único que poseía la familia Sandoval.

El Cuerpo Consultivo Agrario, dependiente de la SRA, basado en ese informe que niega la existencia del poblado, desde luego antijurídico y contrario a los principios y estudios arqueológicos y antropológicos, rechazó la solicitud de dotación de tierras de la comunidad de Mogótavo y archivó sin más ese expediente, siendo que las autoridades agrarias están obligadas a reconocer que los pueblos rarámuri siempre han vivido en rancherías dispersas, quienes por su tradición, cultura, usos y costumbres solo se juntan regularmente en un área para sus reuniones, ceremonias y celebraciones culturales.

Todo esto nos lleva a concluir que la Secretaría de la Reforma Agraria desatendió que una comunidad rarámuri no es solamente un conjunto de casas con personas, sino personas con historia, pasado, presente y futuro, herederas de un territorio dado, quienes no sólo se pueden definir concretamente, físicamente, sino también espiritualmente en relación con la naturaleza toda. Se define a la comunidad indígena como un foro para el desarrollo humano, conjunto con el mundo natural, reflejando así un concepto fundamental de la cosmovisión indígena; derechos, creencias, cultura y circunstancias que las leyes vigentes protegen y los gobernantes están obligados a respetar.

Mientras trascurrían estos trámites e investigaciones, los líderes tradicionales de Mogótavo habían testificado que Efraín Sandoval, padre de las hermanas compradoras, mantenía una presión constante sobre ellos y varias veces amedrentó a miembros de la comunidad, aun personalmente amenazó con matar líderes indígenas, apuntándoles con su pistola.

En forma simultánea al procedimiento agrario iniciado por la comunidad indígena, la Secretaría de la Reforma Agraria tramitaba la venta y titulación solicitada por las hermanas Sandoval Almeida; el destino que tuvieron estos procedimientos agrarios fue que mientras el expediente de dotación de tierra para la comunidad indígena de Mogótavo fue archivado, extrañamente el de las hermanas Sandoval Almeida sí procedió de tal manera que el 23 de noviembre de 1984, la SRA, siendo el delegado federal de la SRA en Chihuahua el ingeniero Carlos Camarena Calderón, decidió vender 500 hectáreas del territorio indígena de Mogótavo a Ivonne Sandoval y el 9 de agosto de 1999, siendo el delegado federal de la SRA en Chihuahua el ingeniero Jaime Mariscal Orozco, otras 500 hectáreas a Odille Sandoval.

Por su parte Ivonne Sandoval vendió una fracción de ese terreno que le tituló el Secretario de la Reforma Agraria, y que se encuentra en posesión de la comunidad de Mogótavo, al Fideicomiso Barrancas del Cobre. En 2008, su hermana Odille Sandoval vendió 154-96-53 hectáreas, incluyendo el terreno de la escuela, la iglesia, el panteón y varios ranchos indígenas a cinco inversionistas (Ricardo Orviz Blake, Agustín López Daumas, Omar Bazán Flores, Jesús Alberto Cano Vélez y Ricardo Valles Alveláis, este último hermano del titular de la Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico del Estado, Héctor Valles Alveláis), quienes planean la construcción de un hotel de 110 cuartos y 50 casas de lujo.

Este contrato de compra-venta de fecha 14 de julio de 2008 fue otorgado en escritura pública número 8568, ante la fe del notario público dieciocho de este Distrito Judicial Morelos, del cual se desprende en su cláusula octava que la vendedora, engañando a los compradores-inversionistas, manifestó que ella les había "prestado” esa parte de la Sierra Tarahumara a los indígenas, por lo que se obliga a desalojarlos de sus posesiones ancestrales para entregárselas a los compradores; además en la misma clausula les ofreció otorgarles poderes suficientes a sus abogados para realizar los actos que sean necesarios para lograr la entrega de esas posesiones del territorio indígena, obligándose ambas partes a guardar secrecía sobre esta operación.
 


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